Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la conquista de la ley 26.618.

El 15 de julio de 2010 el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el matrimonio igualitario con 33 votos a favor y 27 en contra. Después de más de una década, la memoria de esa jornada permite evaluar el avance en materia de igualdad para las personas LGBTIQ+ y la fortaleza del movimiento LGBTIQ+ y feminista en la Argentina en nuestro país. Pone de relieve también la profunda transformación en materia de familia y parentesco al reconocer como familia una multiplicidad de formas que exceden el paradigma hétero, cis y binario.

El 15 de julio de 2010 cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la conquista legislativa sorprendió todxs. Poco tiempo antes el matrimonio no era un derecho ni que se exigiera ni que pareciera posible, aunque la lucha por el reconocimiento de los lazos LGBTIQ+ llevaba ya décadas y antecedentes de derechos importantes como lo fue la ley de unión civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Con la aprobación del matrimonio igualitario en España en el año 2005 se produjo en nuestro país un impacto importante, permitiendo pensar que era posible un reconocimiento y mayor protección legal de las familias LGBT+ en América Latina. En la Argentina se llevó a cabo una estrategia de desafío judicial al código civil entonces vigente que tuvo como resultado que se realizaran nueve casamientos entre personas del mismo género antes de la sanción de la ley como resultado de declarar inconstitucional el código civil que impedía el derecho a las parejas del mismo sexo. Entre quienes se casaron por vía judicial y antes de la ley se encontraban Martín Canevaro, primer presidente de 100% Diversidad y Derechos, su cónyuge Carlos Alvarez, y el matrimonio de Norma Castillo y Ramona Arévalo.

Muchas de los derechos que hoy se dan como naturales no estaban instituidos hasta entonces. La ley modificó el código civil, estableciendo que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Uno de los cambios más importantes que se introdujeron fue el de la posibilidad de tener hijxs de manera conjunta, dado que hasta entonces las personas LGBT sólo podían hacerlo en soltería, de manera individual y expuestxs a arbitrariedades discriminatorias en los procesos de adopción y de reproducción asistida. A partir del matrimonio igualitario, se reconoció la adopción conjunta y la filiación de ambas madres y no solamente de la gestante en los casos de utilización de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). En ese sentido la ley no sólo universalizó el derecho al matrimonio en término de igualdad para las personas LGBTIQ+ sino que también produjo una modificación profunda en un instituto central de nuestra sociedad como son las familias, con la diversidad y riqueza de los vínculos filiales y de parentesco que involucran. Desde el punto de vista antipatriarcal, las parejas constituidas por dos mujeres pasaron a tener el mismo estatus y jerarquía legal que las heterosexuales, sin que ello representara la “falta” de ningún varón. Este proceso de reconocimiento legal de familias que ya existían, culminó dos años después con el decreto 1006/2012 que reconoció retroactivamente la filiación de las madres lesbianas no gestantes. Todos estos derechos fueron recogidos y plasmados de manera armónica en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en el año 2015. En el año 2019, la relevancia del feminismo y el movimiento LGBTIQ+ se plasmó en la orgánica estatal al crearse el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a nivel nacional, con análogos órganos en diversas provincias.

Con la aprobación de la ley, la Argentina se convirtió en el décimo país del mundo y el primero de América Latina en reconocer este derecho. A la fecha, son veintinueve países a nivel global que reconocen el matrimonio igualitario. En América Latina, le siguieron Uruguay, Brasil y Colombia. La experiencia argentina colaboró a fijar los estándares que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en el año 2017, por medio de la opinión consultiva nro. 24, reconoció al matrimonio igualitario y al respeto de la identidad de género como derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde entonces, en el continente, Ecuador y Costa Rica aprobaron también el matrimonio igualitario. En el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la figura del experto independiente LGBT con un apoyo crucial de países latinoamericanos a la institución de su mandato. La Argentina fue el primer país que el experto visitó al iniciar sus actividades.

En términos políticos, la sanción de la ley 26.618 significó un salto en la visibilidad de las personas LGBTIQ+ en la sociedad y una relevancia del movimiento LGBTIQ+. Dos años más tarde, se aprobó casi por unanimidad la ley de identidad de género que reconoció la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva de cada persona y no dependiente de la medicina, la psicología o el poder judicial. Este año, se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, cuyo objetivo es garantizar trabajo e inclusión para las personas trans y acelerar así la erradicación de la desigualdad estructural que sufre el colectivo.

Para Gonzalo Goberna, presidente de la asociación, “la conquista del matrimonio igualitario significó un cambio de paradigma para la Argentina,  no solo porque las parejas del mismo sexo podamos contraer matrimonio civil sino porque nuestra comunidad LGBTIQ+ fue reconocida como un actor social relevante, que junto al movimiento feminista y el conjunto de la sociedad democrática, avanzo hacia un mayor reconocimiento de derechos humanos para distintos grupos históricamente excluidos.”

Por su parte María Laura Cardozo, vicepresidenta de 100% Diversidad y Derechos, expresó que “en este aniversario el desafío es continuar profundizado el cambio cultural para que la diversidad sexual, familiar y de género sean socialmente valoradas como iguales en dignidad y derechos. También para erradicar definitivamente todo tipo de violencia y discriminación basada en prejuicios anti-LGBTIQ+, en particular hacia las personas trans y no binarias. Quedan también pendientes el reconocimiento legal de la identidad no binaria y la efectiva implementación de políticas públicas que dejen para siempre en el olvido la prostitución como destino impuesto. Confiamos en que, con la potencia creciente de nuestro movimiento, lo vamos a lograr”.